Abogado

Ya ha concluido definitivamente la instrucción penal por los hechos relativos al accidente ferroviario de Santiago de Compostela que se produjo el miércoles 24 de julio de 2013, cuando un tren de Renfe Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, causando 80 muertes y 144 heridos. La Audiencia Provincial de A Coruña ha dejado como acusados al exdirector de seguridad de ADIF y al maquinista, al considerar que son las únicas personas cuya actuación tuvo relevancia penal directa en los hechos.

A la luz de la petición de pena que parece más lógica y adecuada y atendiendo a la información del suceso que se pudo recopilar tras más de siete años de investigación, hay indicios racionales de criminalidad suficientes para poder celebrar el juicio oral, en el que se practicarán las pruebas pertinentes para determinar el hecho punible, la responsabilidad criminal y la sanción penal que, en su caso pudieran corresponder. Asimismo, con pleno respeto a la presunción de inocencia de los dos acusados, para el caso en el que se acrediten actos penalmente relevantes que les sean atribuibles, podría imponerse a cada uno de ellos una pena de prisión de cuatro años por 80 homicidios por imprudencia grave y 144 delitos de lesiones por imprudencia grave, además del pago de las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios.

El castigo por el incidente con el tren de Renfe Alvia puede llegar a resultar irrisorio para muchos por no ajustarse, en cuanto a su gravedad, con el resultado de la indebida actuación en caso de demostrarse la culpabilidad de los acusados. Sin embargo, hay que tener presente el contenido del Código Penal: el artículo 142.1 establece que “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”; el artículo 152 indica que el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido, con penas de multa o de prisión en proporción a la entidad de la lesión; y el artículo 77 señala que, cuando un solo hecho constituya dos o más delitos, “se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones”, sancionándose las infracciones por separado cuando la pena así computada exceda de este límite.

Por un delito de homicidio por imprudencia grave se puede imponer una pena de prisión de uno a cuatro años, pero esa es la referencia que se toma por el principio de exasperación para las situaciones en las que una sola acción produce una multitud de resultados, fijándose la pena en virtud del marco penal para, posteriormente, agravarlo. La Sentencia del Tribunal Supremo 316/2002, de 26 de febrero, afirma que “Existe concurso ideal cuando un sólo hecho constituye dos o más delitos, siendo base del mismo la identidad del hecho y, en definitiva, la unidad de acción, aún cuando ésta pueda proyectarse sobre una pluralidad de resultados desde el punto de vista la tipicidad penal, es decir, una sola acción vulnera doblemente un tipo penal”.

Habrá gente que no esté de acuerdo con la regulación, pero se ha producido, por la conducta de un sujeto que no respeto la diligencia exigible, una única imprudencia con la que se ha generado un gran daño cuya reparación debe llevarse a efecto por la responsabilidad civil. Precisamente, en caso de obrar con conocimiento e intención para lograr el resultado o aceptando la gran probabilidad de su causación, procedería un castigo mucho más grave, ya que no se le puede imponer a un sujeto que obra de manera descuidada la misma pena que debe aplicarse con un sujeto que actúa con enorme maldad.