Muchos demócratas estamos observando con estupor, no solo lo que está ocurriendo en Murcia, sino cómo está siendo contado por algunos medios de comunicación. Se han desencadenado distintas reacciones en cadena en el panorama político español en forma de mociones de censura en algunas CCAA o convocando nuevas elecciones como Isabel Díaz Ayuso (IDA), y aún no conocemos sus efectos, devastadores para unos, y posiblemente beneficiosos para otros.

A mediados de semana, Ciudadanos y el PSOE deciden presentar dos mociones de censura para arrebatar el gobierno de la comunidad y del ayuntamiento de Murcia al PP. Ante el temor de que ocurra lo mismo que en Murcia, IDA decide convocar elecciones a la comunidad de Madrid mientras el PSM y Más Madrid registran sendas mociones de censura. Todos dicen haber sido los primeros en presentar su propuesta y se recurre la convocatoria de elecciones y solicitado su suspensión cautelar. El PP lanza una OPA a C’s haciendo un llamamiento a que sus cargos se pasen al PP, en lo que parece un intento de hacer desaparecer a C’s. El PSOE presenta una moción de censura en Castilla y León.

El PP responde sobornando a tres parlamentarios de Ciudadanos ofreciéndoles cargos de consejeros en el gobierno de Murcia. C’s expulsa a sus tres diputados díscolos de Murcia. El exsecretario de organización de C’S, miembro del parlamento español se pasa al PP. Se rumorea que el trasvase de votos de concejales de C’s al PP podría despojar al PSOE de algunas alcaldías en ayuntamientos de toda España. Podría ocurrir lo mismo en sentido inverso. La Justicia ha decidido no suspender cautelarmente las elecciones de Madrid a celebrar el 4 de mayo. Este es el resultado conocido de la reacción en cadena hasta la noche del domingo 14 de marzo de 2021, justo un año después de la declaración del estado de alarma por la Covid-19.

Eran esperados algunos ceses y cambios en la ejecutiva de Ciudadanos como el de Toni Cantó (con el que cuentan en su, ya, cuarto partido: El PP). Esto recuerda el comienzo de la primera guerra mundial, en que cada actor tomaba una decisión como reacción a una acción anterior, pero sin meditar las consecuencias ni tomar en consideración el efecto dominó que podía producir cada nueva decisión.

Elecciones y mociones son democráticas.

Se han realizado algunas acusaciones y reproches sobre las formas de plantear tanto las mociones de censura como las convocatorias de elecciones a media legislatura. Debemos tener clara la diferencia existente entre la convocaría de elecciones y la moción de censura. En los procesos electorales participamos los ciudadanos mediante nuestro voto para elegir el poder legislativo, pero en nuestro sistema político los electores, aunque creamos que sí, no tenemos capacidad para decidir quién o quiénes van a componer el poder ejecutivo, o sea el gobierno. Eso dependerá de un juego de mayorías que, excepto cuando se obtiene mayoría absoluta, va a ser decidido mediante las conversaciones entre partidos para negociar mayorías parlamentarias que puedan dar como resultado la investidura del presidente de ese gobierno que será quién elija a su equipo de gobierno (sus ministros o consejeros, o concejales ejecutivos en los ayuntamientos).

Las mociones de censura se presentan al de un tiempo de constituidos los gobiernos y pretenden precisamente censurar el modo o la forma o los resultados de la gestión de ese gobierno. Las mociones son constructivas y tienen que presentar un candidato alternativo y para que triunfe ha de construir una mayoría que elija al candidato presentado. Y la presentación de una moción de censura es tan democrática como la convocatoria de elecciones. Debemos aceptar la legitimidad democrática, tanto de la convocatoria de elecciones como de la presentación de mociones de censura por parte de quienes tengan las facultades para llevar adelante estas acciones. Ambas opciones son instrumentos legales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico con los que pueden jugar los partidos políticos cuando consideren oportuno. Se podrán discutir algunos aspectos como la oportunidad, pero no la legitimidad.

La democracia de los despachos.

La obtención de mayorías por parte de los partidos para gobernar se negocia en los despachos, y las maniobras que realice quien se resiste a la mención de censura para que no triunfe también se realiza en los despachos. Por eso es una necedad que alguien manifieste que no es democrático que un gobierno se consiga en los despachos. Las discusiones, negociaciones y los repartos de poder en los despachos son consustanciales a nuestro modelo democrático. Esa es la única manera en que los partidos pueden sumar mayorías: en las conversaciones entre ellos, tanto da, en un despacho o en una bolera. En ambos casos la contribución ciudadana queda limitada a la emisión del voto el día de las elecciones no teniendo mayor participación en ningún caso en las decisiones posteriores de nuestros gobernantes.

Los calificativos.

Algún medio de comunicación titulaba la noticia sobre la reacción del PP en Murcia con el siguiente eufemismo: El PP de Murcia logra desactivar la moción de censura tras convencer a 3 diputados de C’s para que voten «no». Disculpen que me ponga exquisito con el lenguaje, pero no, no han sido convencidos: han sido sobornados. Da igual que partido actúe de esa manera. Ofrecer un cargo a un representante de otro partido para que cambie el sentido del voto comprometido con su partido es un soborno, lo haga quien lo haga. Y esos diputados se llaman tránsfugas; está bien definido el concepto en el pacto antitransfuguismo que tienen firmado los partidos, incluido el PP. Este pacto es un código de conducta que tiene por objetivo que unos partidos no utilicen los votos de los miembros de otros grupos políticos para constituir o cambiar mayorías de gobierno. Está muy claro el concepto y no es susceptible de ingeniería interpretativa política.

Lo que ha hecho el presidente de la Región de Murcia (única comunidad autónoma de España que quiso seguir siendo “región” como en tiempos de Franco) y los tres diputados de Ciudadanos ha sido un “Tamayazo” en toda regla, vocablo bien conocido por los españoles desde que el PP de Esperanza Aguirre comprase a dos diputados de la comunidad de Madrid para lograr la presidencia en 2003, aunque la RAE, esa que limpia, fija y da esplendor a la lengua castellana, no se haya fijado que usamos muchos más la palabra “Tamayazo”, que la recién aprobada “sánduche”, que nadie dice para referirse a un sándwich, que todos sabemos lo que es.

Las justificaciones.

El presidente de Murcia ha declarado que Murcia no está en venta y sin embargo es él quien ha comprado a varios diputados de otro partido político. Por muchos que queramos argumentar y dar la vuelta al lenguaje no hay manera de obviar que quienes han aceptado un cargo a cambio de defender una postura distinta a la de su partido son tránsfugas que han aceptado soborno. Los tránsfugas no pueden justificar que siguen defendiendo lo mismo que cuando se presentaron a las elecciones, pues los pactos poselectorales no los alcanzan los diputados sino los partidos.

No soy yo un defensor de las listas cerradas ni me gusta demasiado la partitocracia, pero el sistema español es así, y considero que, como norma general los cargos electos deben respetar la palabra dada a su partido y si no están de acuerdo deben dimitir. No hacerlo quiebra el sistema democrático basado en la confianza de que quien se presenta por un partido será fiel a su compromiso con ese partido. No han sido elegidos por sus méritos personales sino por la pertenencia a un partido con el que han hecho campaña y con el que se han comprometido en sus proyectos ala aceptar ir en sus listas. Podemos recordar a los diputados tránsfugas de C’s que Albert Rivera, fundador de su partido, manifestó en más de una ocasión que estaban para luchar contra la corrupción del PP y para votar a favor de que gobierne la lista más votada. Difícilmente pueden alegar ahora que se mantienen firmes a sus principios; no protestaron contra su partido cuando apoyaron al PP para gobernar, a pesar de que el partido más votado fue el PSOE.

Pero esto no ha acabado. Los traidores a su partido no han tenido en cuenta la frase histórica acuñada en la Hispania romana «Roma no paga traidores» usada para no atender las exigencias de los asesinos traidores del guerrillero lusitano Viriato. No han sido conscientes que el Partido Popular prescindirá de ellos en cuanto pueda, pues a nadie le gusta tener traidores consumados entre sus filas, pues saben que no son gente de fiar. Al tiempo.

Expectativas.

Mientras tanto la ciudadanía seguirá contemplando esta lucha de “maquiavelos de pacotilla” que lo único que les interesa es mantener su poder personal utilizando para ello los partidos políticos que controlan. Querría escribir que no nos merecemos este espectáculo, pero no soy muy optimista, los ciudadanos ya hemos dado suficientes muestras de nuestra escasa madurez democrática y nos merecemos todo lo que nos pasa: este sistema político en que estamos inmersos sí que es una “plandemia” alimentada con los votos de quienes les gusta votar a corruptos porque sienten que son de los suyos, con los que siguen votando a quien les defrauda en las urnas una y otra vez, y con los se quedan en casa y no votan decidiendo así que otros elijan por ellos.

Ojalá me equivoque, pero es muy probable que veamos como en Murcia en las próximas elecciones no se produzca un reproche social a quienes sobornan o admiten sobornos, o a quien defrauda la palabra dada, y me temo que habrá muchas personas que incluso los aplaudan, por lo que los partidos seguirán con estas prácticas deshonestas y mafiosas.

Y si eso ocurre, y se acepta con normalidad que unos políticos defrauden la palabra que han dado a sus propios compañeros de partido ¿cómo vamos a esperar que no defrauden la palabra dada a sus electores a quienes ni tan siquiera conocen?

(*Francisco Javier Larrea es Capitán retirado de la Marina Mercante y doctorando en Sociología por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU