En la segunda parte de este artículo sobre quienes han abusado de su cargo para saltarse los protocolos sanitarios de vacunación quiero explicar el contexto social en el que se produce este abuso y realizar algunas consideraciones sobre la pena que se merecen.

Los medios de comunicación a través de los informativos y las declaraciones de líderes políticos, tertulianos y generadores de opinión nos están haciendo ver que los destinatarios de sus críticas merecen una repulsión social ineludible. Pero, ¿de verdad, la condena social está tan extendida y su comportamiento tan mal visto por toda la sociedad? ¿Toda la sociedad piensa así?

Del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS-, de noviembre de 2020 se desprendía que el 47% de las personas encuestadas no querría vacunarse inmediatamente cuando se dispusiese de una vacuna contra la Covid-19, y un 36,8% manifestó que sí lo haría. Un mes después, en el barómetro de diciembre, el 28% de las personas entrevistadas declaraba no estar dispuesta a vacunarse cuando se tenga vacuna y un 16,2% solo se vacunaría “sí tienen garantías, si está probada y si es fiable”. Esta respuesta es de tal ambigüedad que me atrevo afirmar que quienes la han elegido es porque creen que la vacuna “no tiene garantías, no está probada y no es fiable”, pues si creyesen que la vacuna cumple esos requisitos habrían respondido sin lugar a dudas que sí se vacunarían. Sumando este porcentaje a quienes no desean vacunarse tenemos un resultado de un 44,2% de escépticos ante la vacuna, a los que podríamos añadir otro grupo de respuestas, como el 5,3% que no sabe o duda. Adonde quiero llegar, es a que a esa masa social, aproximadamente la mitad de la población española, que no manifiesta interés o urgencia por ponerse la vacuna, le debería traer al pairo que otros se cuelen y se vacunen, ya sean políticos, militares, sacerdotes o funcionarios. Lógicamente, este numeroso grupo de personas que no se quieren vacunar o que la vacuna no les parece de fiar, no deberían ver con malos ojos, que otros, aunque sean políticos, se postulen para ser conejillos de indias colocándose los primeros de la fila para vacunarse; por lo que deduzco que no existe un cabreo social mayoritario por estos hechos, aunque haya quien nos quiera convencer de ello. Por otra parte, también hay un buen grupo de negacionistas y antisistema que reivindicaban que cuando viniese la vacuna (prematura e inexperimentada según ellos) se la pongan los políticos primero; así que a estos no les parecerá mal.

El contexto

Existen un buen número de privilegios que se consideran inherentes a los cargos de dirección, que son admitidos de forma generalizada, y no son objeto de reproche social. Es habitual, que el director de una empresa tenga un vehículo de la empresa, que el político tenga un coche oficial, que la secretaria le lleve un café al despacho, que en los viajes corporativos disfruten de hoteles de 5 estrellas, que los parlamentarios españoles perciban unas dietas fijas por desplazamiento, aunque vivan en Madrid; que cuando un político cese en algunos cargos reciba cesantías, etc., etc. Se acepta que una serie de prerrogativas que van asociadas al cargo de jefe no sean discutidas socialmente, entre las que se encuentra que cuando se incorpora algo bueno para toda la plantilla los primeros en disfrutarlo sean los jefes y después todos los demás, en riguroso orden jerárquico. Se considera algo intrínseco que el jefe tenga privilegios, esto forma parte de nuestro código moral, ese conjunto de normas y preceptos aprendidos e imperantes en nuestra sociedad que regulan el comportamiento individual en la sociedad y en los grupos humanos en los que nos desenvolvemos.

También tenemos interiorizados algunos privilegios de los jefes y de los políticos; se acepta con condescendencia el amiguismo y el nepotismo, que sin duda está en el ADN de los humanos y en muchas ocasiones se recurre a un amigo o a un familiar para obtener un favor administrativo; y a pocos les parece mal saltarse el protocolo cuando uno mismo es el beneficiario. Nos juzgamos con benevolencia si conseguimos que nos atiendan antes de lo que nos correspondería, sabiendo que a alguien le han retrasado la atención que merecía en el momento que en justicia le tocaba.

Es en este contexto de permisividad en el que se desarrolla una ética social que rige la forma de vivir y actuar en sociedad, y es en el seno de esta ética en el que vivimos habitualmente, también en pandemia, y en el que se realiza la distribución de las vacunas y la vacunación. Por esta razón, quienes han utilizado su cargo o su oportunidad para saltarse el orden de vacunación apenas se justifican, todos creen haber actuado con naturalidad, y al ser pillados “in fraganti” ninguno reconoce haber cometido un abuso. Sencillamente, porque esto era lo natural, lo habitual en el comportamiento de la jerarquía social. De no haber sido por las viscerales acusaciones que han realizado los partidos y medios de comunicación que han utilizado estos hechos como arma arrojadiza, dudo que hubiese habido una gran trascendencia y pienso que apenas habría habido reacciones sociales.

Mantengo la opinión de que hasta el día de hoy se ha producido un escaso reproche a los comportamientos del poder, lo que es fácilmente demostrable observando como en los procesos electorales, mediante el voto reiterado, se excusa y disculpa a partidos políticos que se saben corruptos. Este apoyo incondicional a políticos poco ejemplares podría ser debido a que muchos de los votantes no consideran que los abusos sean tan graves y aceptan estas actitudes con el hipotético razonamiento de que si ellos ocupasen ese cargo también harían lo mismo.

Otra cuestión aparte es la ejemplaridad que deberíamos exigir a nuestros gobernantes que, por cierto, no exigimos casi nunca, pero en este caso parece que alguien se ha vuelto exquisito y a partir de ahora se pretende exigir una conducta intachable que hasta ahora no se ha requerido con rigor. Ojalá fuese este un punto de inflexión y este escenario nos sirviese para reclamar de nuestros gobernantes y administradores (políticos o funcionarios) una integridad y comportamiento ejemplar que nunca se ha demandado de forma explícita.

La condena

Me voy a referir exclusivamente a la condena o reproche social pues dudo que pueda existir ninguna responsabilidad penal. En todo caso, cabría como mucho una responsabilidad civil que condenase a los abusadores a abonar el importe económico de su vacunación por haberse apropiado en su beneficio de una dosis que no les correspondía. Depende de como los fiscales “lo afinen”.

Por supuesto, la condena ha de ser proporcional a la gravedad de la falta, de la misma manera que la penitencia en la confesión depende de la gravedad del pecado. Así pues, lo primero es calificar la falta; como decíamos ayer, no todos los casos son iguales por lo que hay que discernir con meticulosidad la falta que ha cometido cada cual. El hecho censurable es haber usado su posición para beneficiarse obteniendo la ventaja personal de ser vacunados.

Pero, la reprobación política y mediática no se está ejerciendo de igual modo sobre todos los que se han saltado el orden de vacunación, sino solamente sobre quienes ocupan puestos políticos. Estas son algunas de las consecuencias:

  • Todos ellos, además de ser víctimas de la pena de telediario -que ya han sufrido, están sufriendo y van a seguir padeciendo-, pueden ser sancionados con la pérdida de su puesto de trabajo.
  • Unos cuantos han dimitido, o van a dimitir, por verse obligados por su partido, que teme un grave perjuicio para sus siglas si no se produjese el cese. En muchos casos, la salida será negociada.
  • Quienes se resistan y no sean cesados, difícilmente serán elegidos para el mismo puesto en las próximas elecciones.
  • Todos los señalados, dimitan o no dimitan, cesen o no, arrastrarán a lo largo de su vida una mancha en su prestigio personal que les va a perseguir permanentemente en su entorno social.
  • La mayoría van a ver truncada su vida profesional en la política, que no es poco castigo.
  • Quienes no reconocen su culpa, sean culpables o inocentes, se van a sentir reos del concepto “responsabilidad sin culpa”.

A continuación, quiero señalar que en la encuesta del CIS de diciembre de 2020 “Efectos y consecuencias del coronavirus”, a la pregunta sobre “a quién le administraría la vacuna de la covid-19 si hubiera una posibilidad de salvar a la persona a quien se le administrara: a la persona más joven, o a la persona más enferma o a la persona más anciana”, el 29,6% de las personas encuestadas lo haría a la persona más joven, el 26,2% a la persona con más riesgo de morir, y el 9,6 al más anciano. Los ciudadanos no coinciden absolutamente con los criterios del protocolo de vacunación. Deseo aclarar con esta información que el orden establecido en el protocolo de vacunación de las autoridades sanitarias ni tan siquiera es compartido por la sociedad española, lo que refuerza mi idea de que las tremendas acusaciones sobre quienes se han saltado el protocolo existente no son compartidas por toda la ciudadanía.

Ahora, estimado lector eres tú el que debes decidir cual crees que es el castigo que merecen pues no tenemos un protocolo escrito para esto. Nunca antes habíamos vivido una pandemia en la que justo cuando se descubre la vacuna, se produce de forma muy escasa, y no hay vacunas para todos los que las quieren, y unos pocos, que se han colado, son vacunados en virtud de su cargo. Habrá a quien le parezca que la dimisión o el cese en el cargo es suficiente, que han pagado su error políticamente y ya está. Otros considerarán que han de ser expulsados de su partido, otros creerán que han de ser acusados en un juzgado por abuso de poder por utilizar un bien escaso que no les correspondía. Hay quien apunta que se les debería de cobrar la vacuna que se les ha puesto improcedentemente. Otros dirán que deberían ser castigados a realizar trabajos sociales con enfermos de covid-19. Sea cual sea tu veredicto, te recomiendo que antes de emitirlo te asegures de su culpabilidad.

Quiero terminar el artículo comentando que la criminalización de los políticos ha sido y está siendo excesiva. En primer lugar, por el reducido número de los que han incurrido en esta conducta poco ejemplar; el eco mediático extiende la mancha sobre el gremio político, pero no es así. En segundo lugar, porque el bien jurídico a proteger es “el derecho a ser vacunado cuando corresponda ser vacunado” y quienes lo han infringido y han incurrido en falta son tanto el personal funcionario que se ha equivocado metiendo en una lista a funcionarios de informática, como los sacerdotes o los familiares de una residencia de Madrid que se han vacunado, o los bomberos del parque de bomberos de Lorca que han accedido a la vacunación haciendo añicos el protocolo. Si es un hecho reprobable, el hecho es el mismo, independientemente de quien lo realice, pues las consecuencias y perjuicios son idénticos. Supuestamente, todas estas personas han incurrido en una conducta censurable, pero estamos ante la incongruencia de que nadie les culpa si no son cargos de designación política, solo se está hablando de la exigencia de responsabilidades a aquellos que ocupan un cargo político por su pertenencia a un partido. Poco se habla de quienes son funcionarios no políticos. Y para finalizar voy a dejar algunas preguntas en el aire:

¿Por qué los medios, los partidos políticos y los sindicatos no hablan de quienes han facilitado las vacunas a quienes no deben vacunarse? ¿Qué hay que exigir a quién ha decidido que algunos se vacunen sin seguir el procedimiento? ¿Quién ha sido el responsable de facilitar esas irregularidades? ¿Y, los civiles que se han vacunado por ser familiares, o médicos jubilados que ya no están en activo, tampoco han de tener ninguna consecuencia? ¿Y, qué hay del personal sanitario que ha vacunado a personas que sabía que no debía de vacunar? ¿Estos no han de tener ningún castigo? ¿Se pedirá hoy en las televisiones el cese de los bomberos de Lorca por vacunarse cuando no les tocaba? ¿Se ha pedido la dimisión o el cese de los sacerdotes de la residencia de Madrid? ¿Alguien ha escuchado la petición de la dimisión del Obispo de Baleares?

Entre tanto, esperemos que se autoricen más vacunas, que haya una producción masiva de todas ellas y que pronto pueda estar vacunado todo el mundo.