El Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 de la Comisión Europea recoge una serie de problemas que afectan gravemente al sistema judicial español. Para el análisis, se recogen diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta para valorar cuál es la situación del Estado de Derecho en España.

En primer lugar, en cuanto a la independencia judicial, se indica en el informe: que el Consejo general del Poder Judicial ejerce sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018; que el nivel de independencia judicial percibida es medio, aunque ha mejorado; y que es discutible la relación entre el Fiscal General y el ejecutivo.

En segundo lugar, en cuanto a la calidad del sistema, se señala: que se está preparando un proyecto de ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal; que el uso de herramientas de nuevas tecnologías está bien establecido en el sistema judicial y la inversión en la digitalización; y que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto en el funcionamiento del sistema judicial que ha generado numerosos cambios tras haberse mantenido paralizada la actividad judicial durante tres meses. En tercer lugar, en cuanto a la eficiencia, se afirma: que la duración de los procesos judiciales en España está aumentando; y que el Estado español está tomando medidas para aumentar la eficiencia de los tribunales.

Es cierto que el informe comentado no es muy profundo, pero si que sirve para demostrar los problemas del sistema judicial español y para constatar que los defectos que presenta son percibidos por la Unión Europea, que, en cualquier caso, solo podrá limitar a dar tirones de orejas en la medida en que no tiene competencia para establecer reglas que permitan la mejora de la Administración de Justicia en España. Corresponde a los dirigentes públicos actuar, por tanto, para lograr acabar con los defectos del sistema judicial español, aunque están más interesados en destacar los defectos que les conviene resaltar ante sus adversarios políticos que en suprimir todos los fallos que se encuentran instalados, como si el Poder Judicial fuera algo que solo importa a los líderes políticos en ciertos momentos.

La Administración de Justicia se ha convertido en una parte del entramado del Estado que recibe poca atención cuando de su correcto funcionamiento dependen la seguridad jurídica, el respeto a la legalidad y el adecuado desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la sociedad.