Jorge Fernández Díaz ha sido imputado en la instrucción del proceso penal que se está desarrollando por el Caso Kitchen, adquiriendo la condición de investigado a todos los efectos por existir indicios racionales por los que se puede deducir que el exministro de Interior pudo intervenir en los hechos en los que se organizó una trama de espionaje a Luis Bárcenas con medios del Gobierno. El Ministerio Fiscal había solicitado con anterioridad esa imputación y la de María Dolores de Cospedal y su marido, aunque, de momento, no ha conseguido que la investigación se dirija contra la exministra de Defensa y su cónyuge.

El proceso penal que se está sustanciando por el Caso Kitchen está siguiendo los trámites del procedimiento abreviado, que se aplica por el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración”. En ese procedimiento, al contrario de lo que ocurre en el procedimiento ordinario por delitos graves por el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no existe el auto de procesamiento, por el que el juez instructor determina el proceso penal debe dirigirse contra una persona determinada que es sospechosa de haber delito un delito. Por ese mismo, hay un problema para fijar el momento en el que se entiende producida la imputación, como destaca Jaime Vegas Torres en Apuntes de Derecho Procesal Penal al afirmar que “cuando el Juez considera que la instrucción (diligencias previas o diligencias urgentes) ha concluido, puede poner fin al proceso mediante auto de sobreseimiento siempre que considere que “el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración”, o bien, aunque considere que el hecho puede ser constitutivo de delito, cuando no hubiere autor conocido (arts. 779.1.1ª y 798.2.1ª)”, de manera que se “pone fin al proceso sin que llegue a abrirse el juicio oral e impide que el Fiscal o las acusaciones particulares personadas formulen acusación contra ninguna persona”.

En cualquier caso, dentro del procedimiento abreviado, habrá que seguir las conclusiones que recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/1990, de 15 de noviembre, que se refieren a varios puntos: a) “en primer lugar, la de que el Juez de Instrucción, en cualquier caso, está siempre obligado a determinar dentro de la fase instructora (haya dirigido ab initio o no las diligencias previas) quien sea el presunto autor del delito, a fin de citarlo personalmente de comparecencia, comunicarle el hecho punible cuya comisión se le atribuye, ilustrarle de la totalidad de los derechos que integran la defensa (y de modo especial, de su derecho a la designación de Abogado en los términos de los arts. 788 y 118.4) y tomarle declaración con el objeto de indagar, no sólo dicha participación, sino también permitir que el imputado sea oído por la autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes con independencia de que haya prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el sumario”; y b) “De la anterior afirmación se desprende, en segundo lugar, la lógica consecuencia de que la acusación no pueda, exclusivamente desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada, puesto que, de otro modo, se podrían producir, en la práctica, acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral, aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora”. La Sentencia del Tribunal Supremo 386/2014, 22 de mayo, establece que “no hay que olvidar que una de las funciones esenciales de la imputación es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal, (arts. 299 y 777.1), en cuya virtud constituye objeto de las diligencias previas determinen » las personas que en él hayan participado», función que en el proceso común se realiza a través del procesamiento y que en el proceso penal abreviado, suprimido el procesamiento, dicha función debe llevarse a cabo mediante la previa imputación judicial, pues, de lo contrario, las partes acusadoras, públicas o privadas, serian enteramente dueñas de dirigir la acusación contra cualquier ciudadano, confundiéndose el principio acusatorio con el dispositivo, con sustancial merma de las garantías de defensa, permitiéndose, en definitiva, que personas inocentes pudieran verse innecesariamente sometidas a la «penalidad» de la publicidad del juicio oral”, añadiendo que “el auto de transformación a procedimiento abreviado es el equivalente procesal del auto de procesamiento en el sumario ordinario, teniendo la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal”. Esta idea es totalmente coherente con la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/1990, de 15 de noviembre, que afirma que “cuando el Instructor adopta la decisión de seguir el proceso como procedimiento abreviado, no se limita sólo a constatar la inexistencia de otras diligencias relevantes para la instrucción, sino que realiza una valoración jurídica tanto de los hechos como sobre la imputación subjetiva de los mismos. Dicho de otro modo, cuando el Juez adopta la decisión de continuar el proceso -art. 789.5, regla cuarta también rechaza (implícitamente) la procedencia de las otras resoluciones del art 789.5 de la L.E.Crim. y, de modo especial, el archivo o sobreseimiento de las actuaciones”.

Ciertamente, la investigación no ha terminado, siendo cierto que quedan bastantes meses para poder esclarecer los hechos y que no sería extraño que, en virtud de nuevas indagaciones, se terminara imputando, de cara a la proyección del juicio oral para la determinación de la responsabilidad penal, a más miembros del Gobierno que se encontraba en plenitud de funciones cuando se produjo el espionaje de Luis Bárcenas, que ha creado al PP más