Abogado

El pasado día 30 de agosto, se publicó en El Mundo una entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo en la que la dirigente afirmó que se va a quedar en el PP, pues quiere “averiguar hasta donde llega la libertad de un diputado de base”. Su valentía es destacable, pues su pretensión puede llevarla a un trágico final en su segunda etapa en el PP.

Hay que pensar en los aspectos propios de la regulación de los parlamentarios. El artículo 6 de la Constitución establece que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, determinando el artículo 67.2 de la norma fundamental que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. De esos dos preceptos se pueden deducir varios datos.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2017, de 2 de noviembre, establece que el hecho de “Que diputados y senadores concurran, en el ejercicio público de sus funciones, a la representación de toda la comunidad política conlleva así, en términos jurídico-constitucionales, que su responsabilidad, también política, ante aquellos por cuyo voto obtuvieron su escaño pueda llegar a ponerse a prueba, sin perjuicio del permanente control de la opinión pública, a través de nuevos procedimientos de elección («elecciones periódicas»: art. 23.1 CE) o, por lo que ahora importa, de designación, no de otro modo”, a lo que “debe añadirse que la prohibición constitucional de todo mandato imperativo contribuye decisivamente también, en un Estado con alto protagonismo de los partidos políticos como es el nuestro, a la efectividad de lo dispuesto en el último inciso del artículo 6 de la norma fundamental, con arreglo al cual la estructura y el funcionamiento de aquellos deberán ser democráticos (es procedente recordar, al hilo de esto último, que el mandato libre de los representantes locales, a efectos de mantenerse en el cargo caso de expulsión o abandono de los partidos en cuyas listas fueron elegidos, ha sido reconocido y preservado por la jurisprudencia constitucional con fundamento en el artículo 23 CE y pese a que para dicho ámbito local no exista norma análoga al artículo 67.2 CE: SSTC, entre otras, 10/1983, en su conjunto; 185/1993, de 31 de mayo, FJ 5; 298/2006, de 23 de octubre, FFJJ 6 y 7; 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 5, y 125/2013, de 23 de mayo, FJ 6)”. La misma resolución destaca que “Esta libertad del mandato de los miembros de las Cortes Generales lo es, importa aclarar, frente a lo que pudieran llegar a disponer normas del Ordenamiento y nada tiene que ver, por tanto, con la fidelidad política, asumida por los parlamentarios, al programa con el que recabaron el voto popular (STC 119/1990, de 21 de junio, FJ 4) ni con su vinculación o sometimiento, también voluntariamente aceptado, a las reglas disciplinarias que a sí mismos se den el partido político o el grupo de una u otra Cámara en los que hayan decidido integrarse”, ya que “Se trata estrictamente, pues, de una libertad frente al Estado (en su más amplio sentido), en cuya virtud el Ordenamiento no puede prestar su sanción o fuerza de obligar a acto alguno que pretenda predeterminar el ejercicio por el diputado o senador de sus funciones como tal y que provenga ya de sus electores (cuerpo electoral o, en su caso, poderes públicos), ya del partido o grupo del que forma parte”, siendo cierto que, “Como también la Constitución repudia, complementariamente, que la posición o estatus de los miembros de la representación nacional (el núcleo esencial de sus funciones, en suma) se hiciera depender, en Derecho, del juicio, positivo o adverso, que su actuación pudiera merecer a aquellos electores, partidos o grupos”, “Dependencia cuya manifestación más extrema se daría en el caso de que se reconociera a unos u otros potestad para determinar, directa o indirectamente, si el representante habría de mantenerse o no, vigente su mandato, en el ejercicio del cargo”. Finalmente, concluye la resolución afirmando que “El mandato libre en virtud de este artículo 67.2 CE supone, pues, la exclusión de todo sometimiento jurídico del representante, en cuanto tal, a voluntades políticas ajenas y proscribe por ello, en particular, que sobre él se hicieran pesar tanto instrucciones vinculantes en Derecho que pretendieran disciplinar su proceder, como asimismo cualquier tipo de sujeción, jurídicamente impuesta, a la confianza de sus electores (expresada del modo que se pretendiera) o de las organizaciones o grupos políticos en que se integre o en cuyas listas hubiera concurrido a las elecciones; sujeción que, de llegar a verificarse, contrariaría asimismo, adicionalmente, sus derechos al mantenimiento en el cargo y a ejercerlo sin constricciones ilegítimas (art. 23.2 CE)” y que “Los vínculos y lealtades de orden político de los miembros de las Cortes Generales –como los de cualesquiera otros representantes populares– son, como es obvio, consustanciales a una democracia representativa en la que los partidos, muy en especial, cumplen los cometidos capitales que enuncia el artículo 6 CE, pero es la propia racionalidad de esta forma de gobierno la que impide, precisamente en favor de una representación libre y abierta, que el Ordenamiento haga suyos tales compromisos, prestándoles su sanción y convirtiéndolos, de este modo, en imperativos jurídicos”.

En la práctica se han podido ver muchos ejemplos de lo que supone ser un parlamentario rebelde. Cayetana Álvarez de Toledo ya puede ser un ejemplo, pero hay muchos otros, como el del PSOE cuando se manejó la posibilidad de sancionar a los diputados socialistas que optaron por no votar a favor de la investidura de Mariano Rajo.

Los partidos políticos están basados en la idea de un sistema cerrado y aislado condicionado parcialmente por circunstancias externas y, aunque el artículo 6 de la Constitución establece que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, es muy fácil que los líderes de las formaciones políticas puedan ostentar un fuerte control sobre las actividades de sus parlamentarios. Por ese motivo, es muy probable que Cayetana Álvarez de Toledo termine descubriendo que un diputado de base no tiene demasiada libertad, pues, cualquier parlamentario que se un verso suelto y que no ajuste su conducta a las directrices de su partido político va a ser considerado un verdadero peligro para la supervivencia de la formación y terminará sufriendo su exclusión de las listas de las siguientes elecciones generales, sin perjuicio de que se pueda iniciar un expediente disciplinario contra el rebelde o forzar su salida si su comportamiento va más allá de lo que se pueda digerir en el seno del partido político.