“La Corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”. Así se dirigió Juan Carlos I a los españoles en la agónica noche del 23 de febrero de 1981, un día en el que la democracia española estuvo en peligro y en la que el salió a defenderla.

La figura de Don Juan Carlos pasará a la historia como el rostro que lideró el paso a la democracia en una época agitada y convulsa. Juan Carlos I, junto a otras figuras como Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda o Landelino Lavilla; puso los cimientos de una de las democracias más robustas del mundo poniendo fin a una dictadura de casi 40 años.

Alabada en el extranjero, la transición española es hoy estudiada en facultades de todo el mundo por la capacidad de diálogo y entendimiento de todos los agentes sociales. En un momento complejo para España, consiguió sentar en una mesa a Carrillo con Fraga y el consenso de una abrumadora mayoría social que permitió el retorno de muchos exiliados y, a los españoles, decidir en libertad el futuro de la nación.

El servicio a España por parte de Juan Carlos I es impagable y perdurará en el tiempo, sin embargo, tiene que abandonar España después de una sucesión de noticias publicadas en la prensa alrededor de una mujer, Corina Larsen, que se encuentra defendiéndose de unas acusaciones judiciales en Suiza. Juan Carlos no se va juzgado por los tribunales y mucho menos culpado. Soy un defensor de que la justicia debe ser igual para todos y, en el mismo sentido se pronunció SM D. Juan Carlos en el discurso navideño de 2011 dirigido a los españoles en el que entonó las siguientes palabras: “La justicia es igual para todos. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley.”

Si Juan Carlos I ha cometido algún delito debe ser juzgado y condenado a devolver lo que se haya llevado, pero antes de eso se debe defender la presunción de inocencia y un juicio justo. No podemos conferirle al poder mediático tal capacidad para apartar de la escena política a figuras que tiempo después son declaradas inocentes como fue el caso de Ana Botella, Jordi Cañas o muchos otros políticos de todas las ideologías a los que se daña su reputación con falsas acusaciones. La presunción de inocencia no debe ser solo para unos pocos afortunados como el señor Iglesias, debe ser para todos.

Los ataques que hoy se lanzan contra la figura del Rey no dañarán su legado. Juan Carlos I pasará será recordado, al igual que el resto de políticos de su generación, como una persona demócrata, dialogante y tolerante. Justo los valores que hoy le faltan a nuestra clase política. Es bochornoso que algunos Ministros, que prometieron acatar la Constitución con lealtad al Rey, aprovechen el día de hoy para intentar desprestigiar a la Corona y legitimar la República.

Es legítimo que los partidos políticos propongan cambios en la forma política del Estado, pero deben ser conscientes de que para modificar el contrato social acordado por todos es necesario que exista una mayoría social suficiente que, a día de hoy, no es posible. Hay que recordar que ese contrato que firmamos todos en su día exige 2/3 de las Cortes para modificar la Constitución y, posteriormente, someterlo a referéndum. Por ello, que pierdan toda esperanza los cargos políticos de Podemos y similares en echar a la Monarquía y deslegitimar el consenso político de la Transición.

España vive hoy tiempos convulsos en lo político, en lo social y en lo económico. Atravesamos una de las peores crisis de nuestra historia con una pandemia que ha dejado 40.000 muertos y que provocará un enorme daño económico. Por eso, es necesario que nuestros políticos se dediquen en cuerpo y alma a solucionar la crisis y no a agitar a la población con luchas de bandos inútiles que los único que buscan es desenterrar viejos conflictos del pasado.

Juan Carlos, como último servicio a España y a la Monarquía decide abandonar el país con el fin de que las noticias que salen en los medios no afecten a Felipe. Una decisión loable que demuestra, una vez más, hasta donde es capaz de anteponer los intereses de la nación.

Volverá Majestad.