El pasado día 4 de mayo, se publicó una nota de prensa en la que se comunica que el Tribunal Supremo inadmitió el recurso presentado por un particular por la posible vulneración de derechos fundamentales a causa de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020.

En principio, el Real Decreto 463/2020 es un reglamento estatal y, por tanto, una norma jurídica aprobada por el Gobierno y con rango inferior a la ley que debería poder ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que revisa la legalidad de la actuación administrativa. La Exposición de Motivos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que “asegura las más amplias posibilidades de someter a control judicial la legalidad de las disposiciones generales, preservando los que se han dado en llamar recursos directo e indirecto y eliminando todo rastro de las limitaciones para recurrir que estableció la legislación anterior”. Esta idea se plasma de manera muy precisa y clara en la normativa, que Santiago Muñoz Machado explica en el Tomo VII de su Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público general indicando que “el recurso contencioso-administrativo ordinario contra los reglamentos (el artículo 106.1 de la Constitución atribuye a los tribunales el control de la potestad reglamentaria), ofrece dos posibilidades de plantear pretensiones de anulación: o bien por medio de acciones directamente dirigidas contra el reglamento o alguno de sus preceptos, remedio este que llama la doctrina recurso contencioso-administrativo directo; o también la impugnación de la norma reglamentaria con ocasión de un recurso contencioso-administrativo planteado contra un acto de aplicación de la misma”, denominándose “indirecto este recurso”. El mismo autor señala que “a ambas modalidades se refiere sucesivamente el artículo 26 LJCA”, agregando que “ambos recursos son completamente independientes”, pero “en el recurso indirecto, sin embargo, no se impugna directamente el reglamento sino un acto de aplicación, pretendiendo su nulidad porque es ilegal el reglamento en el que se apoya” y “como el juez o tribunal ante el que se plantea la cuestión tiene que resolver, en primer lugar, el litigio planteado, la ley prevé que si es simultáneamente competente para conocer del recurso directo contra la disposición cuestionada, declarará al mismo tiempo la validez o nulidad (artículo 27.2 LJCA) si no lo es y no obstante ha dictado una sentencia en la que estime las pretensiones deducidas contra un acto fundándose en que es ilegal el reglamento en que se apoya, está obligado, una vez dictada la sentencia, a plantear una «cuestión de ilegalidad» ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición (artículo 27.1 LJCA)”, que “resolverá en definitiva sobre la validez de los reglamentos, pero sin que su decisión pueda ya afectar a lo resuelto en el litigio de base”.
El artículo 12 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa indica que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con “Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno”, de manera que el Tribunal Supremo debería haber podido conocer el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 463/2020. Sin embargo, el Tribunal Constitucional alteró, por la vía de la interpretación, las reglas aplicables a la impugnación de los reglamentos de estado de alarma, pues la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de abril, establece que “al poseer rango y valor de ley, pese a revestir la forma de decreto, sólo cabe impugnarlos, de acuerdo con el modelo de jurisdicción de nuestro ordenamiento jurídico, ante este Tribunal Constitucional a través de los procesos constitucionales previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tienen por objeto el control de constitucionalidad de las leyes, disposiciones y actos con fuerza o valor de ley [arts. 161 y 163 CE, 27.2 b) LOTC]”, sin perjuicio “de que los actos y disposiciones que puedan dictarse en su aplicación puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria en cada caso competente (art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981) y los órganos judiciales puedan, al enjuiciarlos, promover cuestión de inconstitucionalidad contra los actos, decisiones o resoluciones con valor de ley de los que son aplicación, cuando consideren que puedan ser contrarios a la Constitución (ATC 7/2012 , FJ 3)”.
La cuestionable valoración que primero realizó el Tribunal Supremo y que posteriormente ratificó el Tribunal Constitucional sobre la naturaleza jurídica de los decretos de declaración de los estados de alarma solo sirve para restringir la legitimación de cara a su impugnación y complicar la misma, algo que se consiguió al equiparar esos decretos a leyes, de forma que reglamentos como el Real Decreto 463/2020, que contienen la declaración de un estado de alarma, solamente pueden ser impugnados directamente mediante el recurso de inconstitucionalidad, que puede ser planteado por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Además, esa norma podrá ser impugnada, indirectamente, a través del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad remitida por un juez que conozca de un asunto en el que el decreto sea una norma básica para resolver el asunto.