Con las condiciones en las que se encuentran muchas personas, será necesario ver qué es lo que sucederá con determinados contratos de tracto sucesivo, como los arrendamientos y los préstamos que no cumplan las condiciones de los decretos-leyes aprobados sobre aplazamientos para el cumplimiento de obligaciones pecuniarias

Para muchos se presentan únicamente dos opciones al no poder mantener, por su situación, el contenido de ciertos contratos: litigar o alcanzar un acuerdo transaccional para evitar un pleito. La primera opción resulta poco atractiva, pues con el colapso de los órganos jurisdiccionales, que se verá agravado tras la finalización del estado de alarma por el Covid-19, provocará que los procesos judiciales por acciones de cumplimiento tarden años en desarrollarse hasta su finalización, sobre la que será complicado hacer previsiones en la medida en que, siendo posible aplicar la cláusula “rebus sic stantibus” para modificar o extinguir el contrato, cada juez tendrá un criterio diferente. Por esa razón, la transacción es la opción más adecuada para las actuales circunstancias.

La transacción es un contrato regulado en el Código Civil, cuyo artículo 1809 establece que “La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 7 marzo, indica que “La transacción, como contrato dirigido a la superación de una controversia, tiene por objeto una relación o situación jurídica material discutida”, siendo cierto que “Su causa es la composición de los intereses controvertidos – sentencias 879/1997, de 13 de octubre (RJ 1997, 7073), 751/2009, de 30 de noviembre (RJ 2010, 845), y 42/2010, de 16 de febrero (RJ 2010, 1780) – y produce el efecto de convertir en «certa» la «res dubia»”, ya que “borra el pasado y es fuente de una nueva relación jurídica -sentencias 1153/2000, de 20 de diciembre (RJ 2001, 352) y 793/1998, de 29 de julio (RJ 1998, 6452)-, así como que, al dotar de otro contenido a la relación jurídica litigiosa, los transigentes quedan obligados a ejecutar las prestaciones en que se concretaron las recíprocas concesiones por ellos convenidas -sentencia 42/2010, de 16 de febrero (RJ 2010, 1780)-”, aunque “el contenido del vínculo obligatorio resultante de la transacción admite múltiples variantes, que dependen de cual haya sido la voluntad de los contratantes, a los que incumbe decidir, por ejemplo, si la relación controvertida queda sustituida por otra o sólo modificada en algún punto secundario o, incluso, si se afirma como vigente e indiscutida la que una de las partes tenía por cierta con la oposición de la otra”.

Los ciudadanos tendrán que actuar con inteligencia y astucia, sabiendo que, normalmente, más vale un mal acuerdo que un buen pleito y que, estando saturados los órganos jurisdiccionales, la justicia lenta que se podrían llegar a encontrar no será justicia.

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