Carlos Marcos

Empresario y Pedagogo

Hay una frase que siempre me pareció muy reveladora de un estado de ánimo y dice así: “a veces ganas y a veces pierdes y, otras veces, pierdes las ganas”. Cuando uno se pone manos a la obra ante el ordenador para escribir, busca siempre un argumento defendible que, aunque pueda abrir un debate, marca la línea de pensamiento del que lo escribe.

Hoy me cuesta trabajo hacerlo, creo que he perdido las ganas y me niego a darme por vencido. La vida tiene muchas fases y las vas asumiendo a medida que cumples años, sin más mérito que envejecer vas percibiendo en ti mismo una madurez que te permite analizar las cosas con mayor sosiego y tomando una distancia que mejore la perspectiva que tienes sobre los acontecimientos que se comentan. Me enseñaron que es importante vivir en el respeto a las normas y que transgredirlas tiene consecuencias. Las cosas se pueden cambiar, por supuesto, pero incluso para eso, hay unas normas que es imprescindible cumplir. Cuando un ciudadano se salta una norma, por nimia que sea, paga sus consecuencias ante una administración indolente que nos exige a todos cumplir las obligaciones que tenemos como miembros de un estado de derecho y hasta aquí todos aceptamos porque la ley, que debe ser igual para todos, es además la garantía de que vivimos bajo el amparo de la justicia y eso nos iguala a todos en derechos y obligaciones. Cuando esta igualdad se quiebra, el estado de derecho se debilita y nos deja a todos en el desamparo. Viene esto al caso porque estamos asistiendo con hartazgo al asunto de Cataluña mezclado con la formación del nuevo gobierno y envuelto todo ello en actitudes difíciles de comprender.

El nuevo gobierno plantea una revisión del Código Penal para suavizar las penas por los delitos de rebelión y de sedición y, como no somos tontos, todos entendemos la cuestión como una maniobra que pueda ayudar a dar una salida a los presos condenados por el golpe contra la Constitución dado en Cataluña por los secesionistas. Si se rebajan las penas por estos delitos, los ahora encarcelados se verán beneficiados y podrán salir de las cárceles. Hasta un presidente autonómico del Psoe ha puesto el grito en el cielo y ha acusado al gobierno central, ni más ni menos que de jugar con el Código Penal y mercadear con él, ósea, de pretender utilizarlo como forma de pago de los votos recibidos por Sanchez en la investidura, un disparate impropio de cualquier democracia normalizada del mundo.

A continuación, el mismo gobierno mantiene una reunión de presidentes con Quim Torra, tras ser inhabilitado por la Junta Electoral Central en una decisión respaldada por el Tribunal Supremo y, hasta que no se demuestre lo contrario, ajustada a derecho. Sanchez patea el culo y los cimientos del estado de derecho ante la perplejidad de una ciudadanía que ya percibe con claridad, que no todos somos iguales ante la ley y que esa inaceptable diferencia de trato se promueve desde el propio gobierno de la nación. Y mientras este debate trascendental esta abierto y parece que va adelante, nos llegan mensajes sobre el pin parental, la propiedad de los hijos, las reuniones secretas con el gobierno no reconocido de Venezuela o el apoyo del gobierno a Evo Morales, exilado de su país por asuntos de corrupción.

De nuestra economía, de la creación de empleo, de la defensa de la Constitución, del rumbo de nuestras relaciones internacionales ni una palabra, España se ha instalado en la frivolidad, en el tacticismo de bajo perfil y, muchas veces, en el rencor y el sectarismo implementado desde el gobierno. Lo dicho, que se pierden las ganas.