El artículo 48.3 del Código Penal regula el contenido de la pena de prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, que «impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual». Sobre este precepto es posible encontrar dudas, como las relativas a si las llamadas perdidas se deben entender como actuaciones contrarias a esta prohibición y generadoras de responsabilidad penal por la comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

Una sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública el pasado día 13 de enero ha resuelto la cuestión en relación con un recurso de casación planteado por un hombre que fue condenado a un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 del Código Penal, con la agravante de reincidencia, tras haber llamado al teléfono de una mujer que había sido su pareja con anterioridad, a pesar de que se encontraba en vigor una prohibición de comunicar con ella por cualquier medio. La llamada no fue atendida por la mujer pero quedó registrada y fue posible saber quién la efectuó. Para el tribunal, el mensaje de aviso de una llamada perdida es «una forma de contacto escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada haciendo constar que ésta se ha efectuado; incluso aunque tenga lugar de forma automática, ejecutada por el propio sistema, se trata de un mensaje en el que se pone en conocimiento del destinatario que se le ha efectuado una llamada desde un determinado terminal”, de forma que “el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación”, aunque no haya llegado a existir conversación, ya que “no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección” y “por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta”, destacándose que “Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia”.

La resolución comentada es totalmente razonable y tiene una absoluta consonancia con la jurisprudencia sobre la materia. La Sentencia del Tribunal Supremo 691/2018, de 21 de diciembre, establece que “El delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar del artículo 468 CP requiere, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia” y que “se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de la misma”, debiendo concurrir, “Como tipo subjetivo, el conocimiento de estos elementos, es decir, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone”, así que “el elemento subjetivo no consiste en la intención de incumplir la resolución, sino que basta con conocer que, con la conducta que se ejecuta, se incumple”.

Es necesario tener presente que el Código Penal establece sanciones por la realización de simples actos que no tienen resultados materialmente diferenciados de la conducta, algo que resulta útil para evitar riesgos que pueden poner en grave peligro la integridad de relevantes bienes jurídicos. Por ese motivo, la sentencia analizada afirma que el quebrantamiento de la medida o de la pena “supone un ataque a la seguridad y a la tranquilidad de la persona a la que se pretende proteger con la resolución en la que se acuerda la medida o se impone la pena”.