La condena a Rodrigo Lanza por el tribunal del jurado que se ha encargado del juicio del proceso penal contra él por arrebatarle la vida a Víctor Lainez ha resultado decepcionante en la medida en que, siendo conocidos los hechos debido a la difusión de un testigo clave del caso, parece una broma que se haya condenado al acusado por un delito de homicidio por imprudencia grave, que es precisamente el mismo delito por el que, justificadamente según la normativa penal aplicable, se condenó al malagueño Borja tras abandonar en condiciones que pusieron en peligro, según la sentencia de su caso, la vida del autor de un robo flagrante.

El tribunal del jurado determinó, a partir de las pruebas practicadas en el juicio, que el acusado no había pretendido conseguir mediante su acción el resultado consistente en la muerte de Rodrigo Lanza, pero la misma se produjo por una alteración fortuita del curso de los hechos que debió ser prevista por Rodrigo Lanza. El problema es que el condenado pudo figurarse la posibilidad del fallecimiento, obrando con dolo y no con imprudencia, y el jurado erró en su valoración.

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 166/2017, de 14 de marzo, analiza el dolo indicando que “para apreciar el dolo tienen que concurrir en la conducta del autor un elemento intelectivo o cognoscitivo y otro volitivo”, existiendo “el elemento intelectivo cuando el acusado sabe lo que está haciendo y tiene conocimiento en el momento de la acción de los datos fácticos objetivos que integran la acción típica”, de manera que “sabe que está matando a otra persona”, destacándose en la misma resolución que concurre “el elemento volitivo cuando el acusado no sólo conoce los elementos objetivos que integran la conducta punible, sino que también quiere realizarla en los términos que describe el tipo penal”. La Sentencia del Tribunal Supremo 44/2019, de 1 de febrero, señala sobre la misma cuestión que, “En cuanto a las modalidades del dolo, se vienen distinguiendo fundamentalmente dos: el dolo directo de primer grado (con una submodalidad de dolo directo de segundo grado) y el dolo eventual”, explicando que “En el dolo directo el autor quiere realizar intencionadamente el resultado homicida; y en el dolo eventual el sujeto activo se representa el resultado como probable y aunque no quiere directamente producirlo, prosigue realizando la conducta prohibida aceptando o asumiendo así la eventual muerte de la víctima”.

El tribunal del jurado lo tenía muy fácil, por la estrategia de las partes acusadoras, para declarar la existencia de un delito de asesinato. Sin embargo, algún factor, como algún fallo de las partes acusadoras, provocó una calificación diferente para el castigo.

Habría que replantearse la utilidad del tribunal del jurado para juzgar los delitos de homicidio, pues los mismos pueden revestir una especial complejidad y los miembros de cualquier tribunal profesional podrán ser menos influenciables por factores extrajurídicos que ciudadanos que, sin tener formación jurídica, se vean obligados a valorar unos hechos partiendo de conceptos complejos que, en muchos casos, ocasionan dudas para los juristas.