Muchas han sido las críticas dirigidas a la Abogacía del Estado por las manifestaciones de Rosa María Seoane López, que entiende, según ha señalado en el trámite de informes del juicio oral desarrollado por la Causa especial 20907/2017, que los líderes secesionistas acusados por impedir la aplicación de la Constitución en Cataluña no han cometido un delito de rebelión, habiendo señalado que solo se les puede atribuir, en relación con sus ataques a la legalidad, un delito de sedición. Además, se ha señalado que la abogada del Estado armó con argumentos a los abogados de los acusados para obstaculizar una condena por actos violentos propios de la rebelión.

Ciertamente, la acusación por sedición de la Abogacía del Estado contra los dirigentes catalanes independentistas era necesaria. Hay que tener presente que el artículo 24 de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se deduce, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo 1954/2002, la vigencia del principio acusatorio, cuyo contenido “consiste en que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él acusación por una parte acusadora ajena al órgano enjuiciador, en tales términos que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse en el ámbito de los términos del debate, tal y como han quedado formulados por la acusación y la defensa, lo que significa que ha de existir correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia condenatoria”, implicando ese razonamiento que “no se puede condenar por unos hechos sustancialmente distintos de los que han sido objeto de acusación, ni por un delito más grave ni por circunstancias agravantes, grados de perfeccionamiento y grados de participación más severos”, pero, en determinados casos, según la Sentencia del Tribunal Supremo 1540/2004, se podrá producir el cambio de calificación jurídica sin iniciativa de los acusadores, “siempre que se trate de delitos homogéneos y que el delito recogido en la sentencia no sea más grave que el de la acusación” si no se introduce “un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso”.

Todo lo indicado implica, según lo afirmado por José María de Pablo en su artículo “Condena y principio acusatorio”, que “cuando se ejerce la acusación en un procedimiento penal es recomendable introducir calificaciones alternativas que ofrezcan al tribunal cierto margen de maniobra para condenar por delitos distintos si el criterio del juzgador difiere del de la acusación”. Por ese mismo motivo, observando las pruebas practicadas en el juicio, el Ministerio Fiscal debería haber presentado una petición de pena alternativa por un delito de sedición para el caso en el que no se pueda llegar a estimar como procedente por el Tribunal Supremo la condena por un delito de rebelión, pero ya no tiene relevancia ese detalle, pues, gracias a la Abogacía del Estado, podrá castigarse a los líderes secesionistas por los actos de obstrucción a la aplicación de la Constitución en Cataluña, para el caso en el que los hechos se consideren probados por el Tribunal Supremo. La razón es que la abogada del Estado ha solicitado penas por un delito de sedición cometido por los acusados en la Causa especial 20907/2017, de manera que, si no se pudiera condenar por un delito de rebelión a los dirigentes catalanes independentistas, todavía será posible imponer una sanción penal por un delito de sedición.