El Tribunal Constitucional ha dictado una providencia de 12 de marzo de 2019 por la que declara la inadmisión del recurso de amparo que interpuso Iñaki Urdangarín. Concretamente, la resolución establece que “La Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC”.
La Ley Orgánica 6/2007 reformó la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para introducir un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, para demostrar su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución. De ese modo se invirtió el juicio de admisibilidad, pues se pasó de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado. Para analizar la trascendencia constitucional en el recurso de amparo hay que observar la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2009, de 25 de junio, que indica que “Constituye el elemento más novedoso o la “caracterización más distintiva” (ATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 3) de esta regulación del recurso de amparo el requisito sustantivo o de fondo de la “especial trascendencia constitucional” que impone el art. 50.1 b) LOTC para la admisión del recurso”, en el que “se plasma la opción del legislador, en el ejercicio de la habilitación que constitucionalmente le confiere el art. 161.1 b) CE, en relación con su art. 53.2, por una nueva configuración del recurso de amparo, toda vez que, en principio, tras la reforma llevada a cabo la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues es imprescindible, además, su “especial trascendencia constitucional”, frente a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba en su anterior regulación, en tanto que recurso orientado primordialmente a reparar las lesiones causadas en los derechos fundamentales y libertades públicas del demandante susceptibles de amparo”, de modo que “para la admisión del recurso de amparo no es suficiente la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública del recurrente tutelable en amparo [arts. 53.2 y 161.1 b) CE y 41 LOTC], sino que además es indispensable, en lo que ahora interesa, la especial trascendencia constitucional del recurso [art. 50.1 b) LOTC]”, estableciéndose “por el legislador el sistema de garantías de los derechos fundamentales encomendado a los Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primeros de dichos derechos (STC 227/1999, de 13 de diciembre, FJ 1), a los que confiere un mayor protagonismo en su protección (ampliación del incidente de nulidad de actuaciones), y culminado por el Tribunal Constitucional que, además de garante último, es su máximo intérprete (arts. 53.2 y 123 CE y 1.1 LOTC)”.

Hay que tener presente que, para Iñaki Urdangarín, no resultaba indispensable el amparo del Tribunal Constitucional. Aunque otros muchos puedan necesitarlo en sus respectivos casos, resulta difícil pensar que él lo pudiera requerir con éxito, pues el proceso por el que se le condenó se mantuvo durante años en el centro de atención y parece complicado que pudiera cometerse alguna infracción o quebrantamiento de las garantías de relevancia constitucional.