Hace más de 50 años, siendo un adolescente, en un cine de sesión continua vi una película sobre la ocupación de los ingleses en África; en una escena en medio del desierto los jefes de ambos bandos  parlamentaban y el inglés le decía al árabe que ellos tenían derecho a ocupar aquellos territorios y el árabe le contestaba que “la fuerza es el 90% del derecho”. No recuerdo como se llamaba la película ni quienes eran los actores  pero recuerdo perfectamente el semblante del árabe que era el de un hombre maduro, templado, sereno y plácido. Estaba yo muy cerca de irme a Santiago a estudiar Derecho y aquella definición de lo que era el Derecho me causó un profundo impacto. Para aquel  árabe el Derecho era, simplemente, una cuestión de fuerza, un elemento de dominación del fuerte sobre el débil.

No han sido pocas las ocasiones en que a lo largo de mi vida dedicada al Derecho recordé aquella frase, pero nunca de forma tan viva como en estos momentos. El Derecho sin su concreción en la Justicia no sirve de nada, es algo inútil. Y la Justicia sin el Derecho que la soporte, no es Justicia, es dominación.

En mi época de joven estudiante he tenido la suerte y la oportunidad de conocer a preclaros hombres del Derecho que me hicieron rechazar la idea de aquél árabe durante un largo tiempo, de los cuales debo mencionar con profundo respeto a algunos de ellos,  fallecidos hace tiempo, don Antonio Fernández Rodríguez, magistrado de Tribunal Supremo y don Higinio Sánchez Fuentes, Teniente Fiscal de la entonces Audiencia Territorial de La Coruña, y, ya en mi etapa de abogado a don Román García Varela, magistrado del Tribunal Supremo y don  José Manuel Vázquez Sandes, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también fallecidos. Todos ellos pertenecían a una numerosa clase entonces llamada “hombres de leyes” cuyo comportamiento profesional y personal obligaban  a desterrar del mundo del Derecho (y por tanto de la Justicia) toda idea de fuerza, de dominación y de interés personal. Eran lo que se llamaba unos “señores” en el sentido que los ingleses dan a esa palabra en su proverbio que dice: “un juez debe de ser ante todo un señor, y si además sabe derecho, mucho mejor”.

En mi ejercicio profesional como abogado esa idea que, inicialmente, se mantuvo incólume durante los primeros años se fue diluyendo poco a poco hasta desaparecer casi por completo según me iba encontrando cada vez con más frecuencia con jueces incompetentes, egoístas, vagos y arrogantes. Pero hasta hace poco tiempo esas conductas, que no constituían mayoría en ningún caso, se guardaban, escondían o disimulaban bajo una apariencia de respeto y de dignidad profesional que incluso este tipo de jueces indignos se esforzaban en mantener, conscientes del beneficio que tal  apariencia aportaba no solo a su función sino también derivativamente a sus personas.

Y eso es lo que ya parece haberse perdido definitivamente. Se ha perdido el pudor que durante muchos años recubría el ejercicio del Derecho y por tanto de la Justicia, porque la Justicia es la realización del Derecho, y ahora ese pudor ha desaparecido. Ya da lo mismo el respeto a la institución judicial, lo que importa (lo único que importa) son los intereses egoístas de cada juez, y no importa nada lo que piensen o lo que digan los ciudadanos. Es como si los fuertes, los que tienen el poder, se hayan decidido a quitarse la careta. Han perdido la vergüenza. Y, de repente, nos damos cuenta, de que los ciudadanos, el pueblo, no podemos hacer nada. Estamos cautivos de estos jueces a quienes les hemos entregado el poder, la fuerza, y éstos la ejercen despiadadamente contra los mismos ciudadanos que se la han dado, sin control alguno por parte del pueblo, sin sujetare al Derecho, al “ius”. Hemos perdido la Justicia.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas ha dado lugar a numerosas protestas ciudadanas incluso ante las propias puertas del Tribunal Supremo. Es igual, saben perfectamente esos jueces que los ciudadanos carecen de todo cauce para exigirles responsabilidades. Si protestan, ya se cansaran. El mensaje que están enviando es muy claro: “voy a hacer lo que me de la gana y tu, ciudadano de mierda, te vas a tener que aguantar porque no puedes hacer nada contra mi, haga yo lo que haga. Solo lo pueden hacer otros jueces, que como vienen haciendo lo mismo que yo, no van a  hacer nada”. Ese es el mensaje que están enviando. Y lo peor de todo, es que ese mensaje es cierto.

Es inaceptable para una recta conciencia democrática el panorama que nos están ofreciendo los jueces. A todos los niveles. No solo el Tribunal Supremo que, desde luego también, con el esperpéntico asunto del pago de los impuestos de las hipotecas. Una actuación como esa, solo tiene una solución, la dimisión fulminante de toda la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, como mínimo la de su presidente Luis Díez Picazo. Por higiene democrática.

Pero si bajamos un escalón y vamos a la Audiencia Nacional, acaba de pasar lo mismo, con la sentencia del caso Otegui. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la juez Angela Murillo que se permitió  provocar a Otegui con comentarios claramente chulescos e impertinentes abusando de su posición durante el acto del juicio carecía de imparcialidad objetiva, pero lo tremendo para la Justicia es que esa falta de imparcialidad objetiva fue denunciada por los entonces acusados y la Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después desestimaron la recusación que ahora el Tribunal Europeo estima.. Ni va a dimitir el Juez Diez Picazo ni va a dimitir la juez Angela Murillo, ni va a dimitir nadie. Y si bajamos más escalones, llegamos a los juzgados de primer nivel, (primera instancia y/o instrucción) y sigue pasando lo mismo. La llamada “Jueza del Tarot”, María Jesús García Pérez, juez en Lugo que se dedicaba a labores de pitonisa en sus horas libres fue expedientada por el Consejo General del Poder Judicial y absuelta de toda falta. Otra juez, María de los Ángeles Braña, en Becerreá, suspendió varios juicios porque se llevaba mal con la fiscal (a los justiciables que les vayan dando) y tampoco paso nada  y últimamente Pilar de Lara, también juez de Lugo (¡Vaya nivel judicial tiene Lugo!) ha sido expedientada por llevar instruyendo casos desde más de diez años, presumiblemente tampoco va a pasar nada, pues ni siquiera ha sido apartada cautelarmente de sus funciones. Y en este escenario de auténtico sainete la guinda del pastel la ha puesto la ministra de Justicia, Dolores Delgado que le llama “maricón” al actual ministro de interior, Grande Marlasca, y tampoco eso se considera razón suficiente para dimitir.

Si queremos una democracia de verdad, los ciudadanos tenemos que recuperar la Justicia. Sin Justicia no hay democracia. La Justicia sin Derecho basada en el poder, en la fuerza que se ejerce contra el pueblo  no es Justicia, es dominación, y una Justicia que se basa en la fuerza, en el poder, no en el Derecho, es una Justicia fascista. Y si la fuerza, el poder, es el 90% del Derecho como decía aquel árabe, el pueblo  tiene que recuperar ese poder porque la falta de Justicia Democrática convierte a los ciudadanos en siervos. La justicia no es democrática solo cuando sus órganos de gobierno son elegidos por los partidos políticos. La Justicia es democrática cuando estas conductas, desviadas del Derecho, no las juzgan otros jueces, sino que las juzga el pueblo a través del Jurado. La “Prevaricación al Jurado”.  Pero eso no lo va a regalar nadie. Hay que luchar por ello.