El artículo 31 de la Constitución establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” y que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Este precepto es claro en cuanto a la finalidad, pero no resuelve los debates que siempre se generan sobre los mecanismos por los que se debe proceder con la recaudación y permite que se presenten proyectos mal planteados.

Pablo Casado, líder del PP, ha afirmado que impulsará una revolución fiscal con la que se rebajarán las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades y se eliminarán el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que están cedidos a las Comunidades Autónomas conforme al artículo 157 de la Constitución, cuyas reglas se desarrollaron con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. La cuantía total de la recaudación por esos tributos superó los 5000 millones de euros en 2017, según indican los datos aportados por el Ministerio de Hacienda.
Cuando se acercan procesos electorales, es muy fácil proponer de forma populista la supresión de tres impuestos tan polémicos como los que gravan las sucesiones, las donaciones, la titularidad de elementos patrimoniales y la creación de documentos con relevancia jurídica. Sin embargo, es muy difícil llevarla a cabo, a menos que se puedan compensar con las cantidades que se van a ingresar por otros impuestos y con reducciones del gasto público tan necesarias como las que se refieren a las restricciones de puestos públicos de naturaleza política que, como los de los asesores, difícilmente repercuten de manera beneficiosa en los ciudadanos. El problema es que no es probable que ello llegue a suceder y si no se elevan otros impuestos y no se suprimen cargos políticos, se terminará optando por una reducción de los servicios públicos de un modo que no beneficiará a los ciudadanos, que podrían ver dañado, una vez más, el sistema social que debe mantenerse en España conforme a los artículos 1.1 y 9.2 de la Constitución.
Es posible reformar los tres impuestos que quiere suprimir Pablo Casado, siendo cierto que se podría eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la medida en que carece de sentido, pero no se deben proponer cambios tan brutales como los que quiere el líder del PP sin incluir una planificación fiscal adecuada que ayude a sostener los gastos públicos. De otro modo, se estaría buscando engañar a los ciudadanos, provocar grandes desbarajustes en las cuentas públicas o ambas cosas.